Los registros de embarque, documentos de historia postal
Buceando en la Historia de la Filatelia 013
Publicado en Revista de Filatelia nº 361 (mayo 2000)

Se ha llegado a decir que, en el fondo, los registros de embarque no son auténtica historia postal debido a que se trata de documentos que son franqueados con sellos por razones de tipo fiscal y en consecuencia no son auténtica correspondencia.
Veremos que esto no es así hasta 1853. En el año 1784 una Real Orden de 18 de octubre mandaba que todos los registros de embarque de los buques, tanto en los puertos de la Península como en los de Indias, se presentaran a las Administraciones de Correos para que pagaran los portes con arreglo a tarifa y se sellaran y poniendo la marca de “francos”. Para ser totalmente exactos la palabra que utiliza no es la de “registros”, sino “pliegos de registro”. Ahí esta el elemento fundamental.
Desde los principios del correo en la época moderna se consideró materia sujeta al monopolio de Correos “el transporte de cualquier pliego cerrado”. No importaba que fueran los particulares los que los llevaran (para ellos en ese caso su obligación sería presentarlos en la administración postal y pagar los portes si querían transportarlos personalmente, y de no hacerlo, incurrían en lo prescrito como correo fuera de valija que suponía el riesgo de penas severas). Tampoco tenía importancia cual fuera su contenido para que el pliego fuera considerado correspondencia o no (es indiferente que se trate de una carta, una factura, un registro de embarque o cualquier otro papel o documento); lo realmente trascendente, lo que determina que el pliego sea considerado como correspondencia sujeta al dominio del Correo, es que el pliego esté cerrado.
Ocurre con los registros de embarque que, por seguridad, iban cerrados. No es extraño, por lo tanto, que fueran considerados cartas, más bien lo que sería raro hubiera sido lo contrario.
Y así vino ocurriendo con los registros desde 1784 hasta finales del año 1852, aunque con anterioridad se produjeron protestas contra la obligación de que hubieran de pagarse los portes como si fueran cartas. Así ocurre en 1818, cuando la Dirección General de Rentas entiende que no deberían tenerse que franquear “por que ello supone un nuevo gravamen al comercio”. Nótese que el argumento no es que no se trate de auténtica correspondencia, sino que se trata de beneficiar al comercio reduciendo sus costes. Esa intervención de la Dirección General de Rentas llevaría a que se promulgara la Real Orden de 30 de marzo de 1818 dejando claro el derecho de Correos “ya que no es justo que altere y se desprenda de un derecho tan fundado en reglamentos explícitos, igualmente que en razones de buen orden” y es que como esa misma orden dice “la ley general de pagar las cartas cerradas no excluye a ninguna clase de ellas”.
¿Qué ocurre a finales de 1852? Sencillamente que, como en muchos puertos las normas no se cumplen, una R.O. del 19 de noviembre del Ministerio de la Gobernación manda que “se comunique a todos los capitanes de puerto las órdenes más terminantes para que no permitan la salida de buques sin que en los sobres de los registros lleven la certificación del administrador de Correos, con arreglo a lo mandado en la Instrucción de 1 de diciembre de 1849”. Lo que parecía zanjar la cuestión provoca una nueva orden, esta vez del Ministerio de Hacienda, que excluye a las guías y a los registros de embarque de la obligación de franquearse, ya que, a diferencia de los criterios que se habían venido manteniendo durante casi dos siglos el pago de portes al Correo “se contrae únicamente a la correspondencia, y que no pertenece a esta clase los expresados documentos, que tienen exclusivamente el carácter de medida fiscal, con el objeto de evitar sustracciones, y de los cuales, especialmente las guías que no llevan sobres, son portadores los mismos interesados”.
Está suficientemente claro que en el transcurso de los años ha sido el legislador quien ha dado primero y quitado en 1853 el carácter de auténticos documentos postales a los registros de embarque.
Por último, recordar que las tarifas postales a las que se ven sujetos los registros son las que están en vigor en cada momento para las cartas de correo ordinario. Concretamente a partir del 1 de enero de 1850 son las conocidas para las del interior del reino (a partir de 6 cuartos la carta sencilla) en los buques de cabotaje (trayectos entre puertos de la península, las islas o con Ceuta . En cuanto a los de Puerto Rico, Cuba y Filipinas los que figuran señalados en la Real Orden de 17 de noviembre de 1804, que seguirá en vigor hasta el 1 de noviembre de 1854: Para Cuba y Puerto Rico 5 reales hasta 5 adarmes de peso, 7 reales los de 6 a 7 adarmes, 9 los de 8 a 9, 11 los de 10 a 11, 13 los de 12 a 13, 15 los de 14 a 15 y 17 reales por cada onza de paquete. La tarifa para Filipinas comenzaba por 8 reales por carta hasta 5 adarmes de peso hasta 29 reales por onza de paquete.









El número 6 del primer año de publicación de la revista COLECCIONISMO (junio de 1913) reproducía un anuncio a media página de la Casa F. FOURNIER de Ginebra que, entre otras cosas decía “Editor de Facsímiles de sellos para colecciones (fuera de uso)”.



